La otra cara de la pandemia: Hombres mataron ocho mujeres durante cuarentena

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en República Dominicana lamentó hoy que durante la cuarentena por el coronavirus COVID-19 la violencia machista ya se haya cobrado la vida de 8 mujeres, así como un intento de feminicidio, de acuerdo al “Reporte general de denuncias”, de la Procuraduría General de la República (PGR).

Indicó que los feminicidios se reportaron en las provincias El Seibo, San Juan, La Vega, Montecristi, Barahona, Valverde y Azua. También, del 19 de marzo al 17 de mayo, se registraron 4,879 denuncias por violencia de género y 1,509 órdenes de protección.

El organismo calificó de preocupante además el hecho de que 150 mujeres se vieron obligadas a acudir a casas de acogida, junto a sus hijos e hijas, 251 menores de 13 años, tras ser víctimas de violencia de género, del 17 de marzo al 17 de mayo de 2020, según el “Resumen de Datos Estadísticos en período de cuarentena”, del Ministerio de la Mujer (MMUJER).

“Hacemos un llamado a la sociedad y su compromiso con revertir la otra cara de la pandemia, así como a garantizar el acceso a los servicios de salud, de apoyo psicológico, de protección y legales para las sobrevivientes de violencia basada en género durante planes de preparación y respuesta para el COVID-19. Enfrentar el desafío de detectarlos, denunciarlos y hacerlos accesibles durante las medidas de distanciamiento y de la ‘covidianidad’ es una responsabilidad de todos y todas”, manifestó la representante nacional del UNFPA, Sonia Vásquez, a través de una nota de prensa.

Puntualizó que los servicios de prevención y respuesta deben ser considerados como servicios esenciales que salvan vidas durante la respuesta a las emergencias.

La crisis por la que atraviesa el mundo empeora las desigualdades y como consecuencia, las medidas preventivas, como la cuarentena, aun siendo bien intencionadas y necesarias, incrementan el riesgo de violencia para muchas mujeres que se ven obligadas a estar encerradas con sus agresores y ven comprometida su integridad física y mental al no poder buscar ayuda cuando son agredidas y, en muchos casos, no tienen acceso a un teléfono móvil o a espacios privados en sus hogares en los que se sientan seguras para denunciar o alertar a alguien de confianza ante la ocurrencia de actos violentos.

En el documento “Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil”, UNFPA cita entre los factores que determinarían el aumento de la violencia de género: los efectos derivados de las órdenes de permanecer en casa y de las medidas que restringen la circulación; los problemas cotidianos de los hogares y las presiones económicas crecientes.

Las proyecciones globales indican que si el confinamiento se prolongara por seis meses, ocurrirían 31 millones de casos más de violencia de género y por tres meses 15 millones de casos adicionales.

“Exhortamos a priorizar más las necesidades y derechos de las mujeres y niñas en la respuesta a la pandemia. Unir esfuerzos es urgente entre las instituciones del Estado, las comunidades, vecinos y vecinas, familiares, amistades, para que la tolerancia ante personas que ejercen violencia sea cero. Mantengamos la vigilancia y el apoyo emocional en tiempos de distanciamiento físico, pues los agresores siguen estando ahí”, manifestó Vásquez.

La funcionaria destacó que su agencia está comprometida con apoyar al Estado dominicano en la continuidad de los servicios y la respuesta integral. En ese sentido, UNFPA colabora con asistencia técnica y ha donado insumos de protección para el personal de atención a las sobrevivientes de violencia de género en las fiscalías, y mantiene la colaboración técnica permanente con l Ministerio de la Mujer y otras instancias de respuesta.

Como organismo líder del Sistema de Naciones Unidas en materia de salud sexual y reproductiva, UNFPA también ha estado proporcionando apoyo técnico al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Servicio Nacional de Salud (SNS) para garantizar atención priorizada a las embarazadas, que se les sensibilice sobre las medidas preventivas y se disminuya la probabilidad de infección de éstas y sus bebés.

De igual modo, se trabaja para garantizar la continuidad en el acceso a los anticonceptivos para mujeres en edad reproductiva, a fin de que puedan evitar embarazos no planificados.