Definidas las auditorías, ahora falta la judicialización electoral

Identificadas las instituciones y el origen de los fondos para la auditoría al voto automatizado, y la auditoría forense de las primarias del 6 de octubre, los retos que le aguardan a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral son de carácter legal y logístico.

La Junta Central Electoral y la empresa Alhambra Systems, SA (que opera bajo el nombre Ahambra Eidos), en la persona de Jaime Guevara, director e general y representante legal, suscribieron ayer un contrato de prestación de servicios de auditoría forense al sistema de voto automatizado utilizado en las pasadas primarias.

El valor del contrato asciende a quinientos sesenta y seis mil treinta y siete dólares con setenta y tres centavos (US$566,037.73), lo cual corresponde a honorarios y gastos del servicio contratado. La JCE deberá pagar un 50% al inicio del proyecto y 50% al final.

Los trabajos de auditoría serán realizados en un plazo máximo de cinco semanas a partir del día viernes 3 de enero de 2020, y la parte que corresponde al análisis del código fuente será entregada en dos semanas, después del inicio de los trabajos.

En tanto, la JCE dijo anoche que el proceso de auditoría y certificación al sistema de voto automatizado que será utilizado en las elecciones municipales de febrero de 2020, estará a cargo de la empresa estadounidense Pro V&V, con sede en Alabama, a través de la cooperación que prestará la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

Se recuerda que el consejero de Asuntos Públicos de la embajada de EEUU en el país, Chase Beamer, enfatizó en el apoyo de su país para la realización de “unas elecciones dominicanas libres, justas y transparentes”. Beamer afirmó que esa embajada tiene conocimiento de la solicitud de asistencia por parte de la JCE a la IFES.

Ya el Tribunal Superior Electoral está abarrotado con 235 recursos con audiencias los días viernes 27, sábado 28 de diciembre y hasta para el día 9 de enero del 2020, de las 2,662 candidaturas rechazadas por la Junta Central Electoral.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó que la JCE deberá jugar un rol esencial en la aplicación de las sanciones correspondientes “en cuestiones de sensible relevancia” como la propaganda permitida, el respeto a los períodos de campaña y la fiscalización a los límites y topes de gastos.