Presidente argentino no aceptará el pedido de detención contra Evo Morales

El presidente Alberto Fernández anunció que el gobierno argentino “no entregará por ningún motivo” al ex presidente de Bolivia Evo Morales, que se encuentra en Buenos Aires bajo el estatus de refugiado y ayer recibió una orden de detención en su contra de parte de la Fiscalía boliviana, por cargos de sedición y terrorismo.

Según reveló a Infobae un alto funcionario de la Casa Rosada, el presidente se comunicó en las últimas horas con Morales para darle su pleno apoyo y asegurarle que el Estado argentino protegerá su integridad física e impedirá que se lo entregue a las autoridades judiciales de Bolivia y a la presidente interina de ese país, Jeanine Áñez.

“Vamos a proteger a Evo Morales porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado político y porque todo el pedido de detención es una farsa”, explicó otro funcionario del Gobierno.

Las implicaciones de la orden de aprehensión librada contra Morales por la Fiscalía de La Paz fueron analizadas anoche por el presidente Fernández y el canciller Felipe Solá. También el jefe del Estado le aseguró a Morales que no aceptará que lo detengan en la Argentina y pidió aumentar la custodia personal del mandatario boliviano.

Ayer, el ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, compartió en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar su declaración informativa.

El Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó en noviembre pasado contra él una denuncia en la fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarle de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, país al que llegó en primer lugar como asilado tras salir del Bolivia el pasado 11 de noviembre.

La denuncia se sustenta en pruebas como un video en el que se oye una voz atribuida a Morales, pero cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes.

Morales renunció el 10 de noviembre tras protestas que lo acusaban de haber montado fraude en las elecciones del 20 de octubre para reelegirse a un cuarto mandato y tras perder el apoyo de la policía y las fuerzas armadas. Una auditoria electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que en los comicios hubo “manipulación dolosa” de los votos. Tras su salida, sus partidarios iniciaron protestas contra Áñez. En 35 días de manifestaciones, murieron 35 personas.