"Como organización, estaremos todo el tiempo revisándonos, y haciendo las cosas mejor"

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, informó el 25 de junio pasado que la institución que dirige fue certificada internacionalmente como entidad antisoborno, lo que implica modificaciones en los procesos internos en busca de mayores transparencias, además de vigilancias de sus cumplimientos por parte de comisiones internas y de la sociedad en general.

Jiménez concluye su permanencia en el puesto el 16 de agosto, como resultado del cambio de la administración gubernamental.

Ya se sabe quién lo sustituirá, el economista Miguel Ceara Hatton, un reputado profesional de la economía con una gran vocación social por los paradigmas del desarrollo humano.

Jiménez explica el significado de la certificación, que transparenta los procesos internos de cara a toda la sociedad. No se trata de un cuadro en la pared. Se trata de auditorías recurrentes anuales que confirmen que todo anda bien, y todo bajo la luz del sol.

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P. Bajo su gestión, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo pasa a ser la primera institución pública del país en ser certificada en antisoborno. ¿Qué significa?

R. Es un gran paso de avance que una entidad pública en República Dominicana sea certificada internacionalmente por su política antisoborno, siguiendo la normativa ISO 37001. En ese sentido, nosotros vamos a estar siendo auditados por World Compliance Association, y esperamos obtener nuestra certificación, con lo cual seremos la primera entidad pública, y una de las pocas de América Latina, también en obtenerla.

P. ¿Cuáles otros países de América Latina han vanzado en ese sentido?

R. El país que más ha avanzado en la certificación de antisoborno es Perú, porque lo exige la legislación local, incluso para proveedores del Estado. Entonces, en ese sentido Perú tiene varias entidades públicas y privadas certificadas con la ISO 37001.

También hay otros países como México, que tiene una alcaldía certificada.

P. El MEPyD tiene la certificación, pero ¿qué significa para la sociedad dominicana y para los ciudadanos en particular?

R. En certificaciones internacionales, en este caso del Ministerio de Economía, estamos trabajando calidad, la ISO-9001-2015. Estamos trabajando cumplimiento regulatorio, la ISO 19600, y estamos trabajando la de antisoborno. En todos estos casos se establecen sistemas que permiten la identificación, mitigación y gestión de los riesgos, y la política de mejoras continua.

O sea, que, como organización, nosotros estaremos todo el tiempo revisándonos, y haciendo las cosas mejor. Y del hecho de ser certificado por un tercero independiente e internacional, lo que ayuda es un sello para la sociedad, para que puedan estar seguros de que sus recursos se están usando de una forma íntegra, ética y con calidad en los servicios que nosotros ofrecemos.

Entonces, digamos que en nuestra responsabilidad de rendir cuenta a la ciudadanía, esto nos ayuda porque es una rendición de cuenta que viene de un tercero internacional.

P. Una certificación como esta obliga a todos los empleados de una institución a su cumplimiento. Entonces, ¿cuáles mecanismos se implementarán para su cumplimiento?

R. Lo primero que este tipo de certificaciones obligan es a que se tenga una política, tanto de cumplimiento regulatorio, como de antisoborno. Y que esa política establezca cuales son las acciones que se esperan de los empleados, y cuáles acciones están prohibidas. Está textualmente.

También manda a que se difunda. Cada uno de los empleados tiene que saber cuáles son las conductas que se espera que ellos tengan y que ellos eviten.

Pero, además, establece los mecanismos para identificar los riesgos, como cuáles son los procesos en que existe un mayor riesgo de incumplimientos regulatorios o de que haya un soborno de la entidad o a la entidad.

Y el sistema nos manda a poner mitigadores de esos riesgos, a poner mecanismos para evitar que esos riesgos de materialicen.

Además, se han establecidos canales internos de denuncias, tantos como buzones anónimos como formularios digitales anónimos, como un “email” para las denuncias.

A través de esos se pueden identificar posibles casos, que serían analizados e investigados por el Comité de Ética o el Comité de Antisoborno, según corresponda, siempre en el marco de la confidencialidad y aplicando el régimen de consecuencias.

O sea, que, en lugar de desatar una persecución de personas, lo que crea es un sistema para la mejora continua para poder identificar potenciales debilidades.

P. En un país con tantas debilidades institucionales, ¿cómo se garantiza que con el cambio de un titular o de la realidad política, no se retroceda en el futuro?

R. Cuando se logra la certificación, al mismo tiempo se está comprometiendo a revisiones periódicas por el organismo certificador. Entonces, en cada uno de esos casos, después de concluida las auditorias, el próximo año volvemos hacer auditados por el mismo organismo, y el año siguiente también.

Y luego, en un segundo o tercer año, dependiendo de cuál sea la certificación, se tiene que hacer una nueva evaluación, para la recertificación.

Esto conlleva a que anualmente estemos siendo auditados por un externo, y el riesgo de tener no conformidades, y de perder la certificación, y que la población lo sepa, y que la población se queje, es, digamos, un mecanismo para alinear los incentivos, para que independientemente de quien sea el titular, no quiera perder la certificación por el riesgo reputacional que eso implica.

Por eso para nosotros es tan importante que la población sepa que hemos sido certificados, para que sea la misma población y los medios de comunicación, que exijan que se mantenga la certificación.

CREDITOS A DIARIO LIBRE