Procuradora electoral dice está lista para actuar contra delitos

La titular de la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales, Gisela Cueto, declaró ayer que esa dependencia del Ministerio Público está preparada para recibir las denuncias y querellas de las infracciones que en esa materia pudieran ocurrir durante el proceso electoral a celebrarse mañana en el país.
Dijo que el cuerpo de fiscales especializados que ha sido entrenado debidamente con esos fines estará trabajando en todo el país durante las 24 horas, para atender los casos de crímenes y delitos electorales y hacer cumplir de manera estricta la Ley Orgánica de Régimen Electoral, número 15-19.
La magistrada Cueto habló al término de la reunión que sostuvo con el director general de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada, y todos los fiscales titulares de los diferentes departamentos judiciales para coordinar el plan de acción y la logística a seguir durante la celebración de las elecciones municipales a celebrarse mañana.
¿Qué se penaliza? Los actos tipificados por la Ley 15-19 como crímenes y delitos electorales son 53 y están enunciados en los artículos 284, 285 y 286.
Entre ellos se incluyen sobornar a electores para que voten por un determinado candidato; hacer gestión a favor o en contra de cualquier candidatura a una distancia menor de 20 metros de cualquier colegio electoral.
Está penalizado también exhibir dentro del local del colegio electoral algún cartel político que no esté previsto por la ley; votar más de una vez; pedir dádivas o presentes a cambio de votar a favor de cualquier candidato o grupo de candidatos; amenazar o cometer abuso de poder en relación con los materiales electorales.
Son delitos electorales abandonar sin permiso o autorización el cargo, comisión o función que se le hubiere encomendado dentro del proceso electoral; y demorar de forma maliciosa con el objeto de preparar o cooperar con la preparación fraudulenta de la relación de votos emitidos.
Además, incluir en las boletas oficiales nombres de personas que no deben figurar en ellas; permitir votar a cualquier persona a sabiendas de que ese voto no debe recibirse; amenazar con rebajar el sueldo, bajar de categoría o despedir a empleados públicos o privados si no votaren por determinados candidatos.
También mostrar la boleta mientras se esté preparando o después de preparada para votar, y retirar cualquier boleta oficial del lugar de votación, entre otros.
La magistrada Cueto fue designada interinamente como titular de la Procuraduría especializada en perseguir y castigar estos delitos, por consenso entre los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD), tras la crisis electoral que se presentó luego de anuladas las elecciones municipales del domingo 16 de febrero, por problemas con el voto automatizado que se utilizaría en 18 municipios, lo cual está siendo objeto de una investigación.