Abogados ambientalistas explican Acuerdo Escazú, en San Pedro de Macorís.

SAN PEDRO DE MACORIS. Dos abogados ambientalistas explicaron este jueves la importancia del denominado Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe y en particular para la República Dominicana.

Las explicaciones fueron ofrecidas por los doctores Marisol Castillo y Euren Cuevas, en una conferencia efectuada en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento Municipal, una actividad promovida por la Fundación Macorís Verde de esta ciudad.

Castillo y Euren Cuevas, quienes  pertenecen al Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), manifestaron que ese acuerdo es un instrumento jurídico regional vinculante que regula y promueve el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección de los defensores en asuntos ambientales.

El referido acuerdo fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de abril del año 2018, por 24 países y donde se aprobó, que este acuerdo regional estuviera abierto para la firma a partir del 27 de septiembre del mismo año en la sede de la ONU en Nueva York.

La República Dominicana fue uno de los países que adoptó el Acuerdo de Escazú y el 27 de septiembre del 2018, y fue firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas Maldonado.

Sin embargo, a partir de la firma de dicho acuerdo, las organizaciones ambientalistas del país han considerado que ha habido una pasividad y un oscurantismo sobre el acceso a la información del mismo, toda vez que la sociedad civil ha tratado por todos los medios posibles, de saber en qué entidad del Estado está depositado y ningunas de las instituciones ha dado respuesta.

Macorís Verde consideró que este momento en que la Región de América Latina y el Caribe está convulsa, requiere que la democracia sea transformada de democracia representativa a participativa y el Acuerdo de Escazú promete mayor participación de las personas en la toma de decisiones, lo que reduciría los conflictos socioambientales. 

Añade que el refuerzo a esta teoría de democracia participativa ha sido plasmado en la Constitución del 2010, modificada en el 2015 y recogida de manera magistral en la sentencia del Tribunal Constitucional No. 0362-19 de fecha 18 de septiembre de 2019, mediante la cual quedó firmemente establecido por el guardián de la Constitución, que las organizaciones y las personas tienen derecho a denunciar, querellarse y constituirse en actor civil, cuando se traten de intereses colectivos  y difusos como la corrupción y el medio ambiente, sin la necesidad de hacerlo conjuntamente o detrás del Ministerio Público. 

El fundamento jurídico constitucional del Tribunal Constitucional se basó en los artículos 7 y 22.5 de la Carta Magna, así como los artículos 85 y 228 del Código Procesal Penal modificado por la ley 10-15, donde se enarbolan los principios de soberanía popular, estipulado en sentencia C-245/96, de la Corte Constitucional de Colombia y asumido por el Tribunal Constitucional dominicano, así como el Principio de Democracia Participativa, como garantía efectiva de la paz y el bienestar social.

Por su parte el economista y ambientalista petromacorisano Davíd Montesdeoca y Víctor Manuel Souffront  director ejecutivo de Macoris Verde, manifestaron que el Acuerdo de Escazú, “es un instrumento que resguarda eficientemente el derecho que tienen las organizaciones y la ciudadanía de ser informadas, de participar en la elaboración de políticas públicas y de actuar ante la justicia en los problemas y conflictos ambientales”. 

Así mismo las organizaciones promotoras se quejan de que, aunque el país participó en el evento que finalmente adoptó el convenio el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmó el 27 de septiembre del mismo año, las autoridades dominicanas se han mantenido pasivas sin difundir su contenido y sin ratificarlo.

Se requiere que la República Dominicana, que ha sido protagonista de este Acuerdo desde el comité gestor en el 2012, en la Conferencia de Río + 20, con los primeros 10 países que se propusieron impulsar este instrumento jurídico regional, pasando por la vicepresidencia de la mesa directiva conjuntamente con Chile, continúe teniendo ese protagonismo y que sea de los primeros 11 países en ratificar dicho Acuerdo Regional.

Se recuerda que este acuerdo, es el más importante a nivel global en los últimos 20 años en materia de derechos humanos y medio ambiente, tal como lo ha establecido el relator especial de Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas y se quiere que República Dominicana quede en la historia de esa organización, como protagonista del acuerdo más democrático en materia de derechos humanos y medio ambiente de este siglo, hasta ahora aprobado.  

Para que el Acuerdo entre en vigencia debe ser ratificado por 11 países y hasta el momento lo han ratificado Bolivia, Guyana, San Vicente y Granadinas, Saint Kettis y Nevis, Uruguay, Nicaragua, Panamá y Ecuador.

Solo faltan tres países para entrar en vigencia y entre esos países faltantes está República Dominicana por lo que pidieron al Congreso Nacional que ratifique el Acuerdo de Escazú ahora, por más participación, por más democracia, por más transparencia y por menos conflictos socioambientales.