FINJUS: Traspaso de obras de OISOE al MOPC es el primer paso para fortalecer la transparencia

La Presidencia de la República, mediante Decreto No. 348-16, dispuso el traspaso al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de funciones y tareas que viene desarrollando la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en el marco del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE). 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha reiterado la  urgencia del traspaso definitivo de las funciones de la OISOE al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por lo que esta medida del Poder Ejecutivo debe ser interpretada como un paso adelante en la promoción de la seguridad jurídica, la eficiencia y la transparencia en el Estado dominicano. 

Para FINJUS el Decreto No. 348-16 constituye una decisión de Estado en el camino del fortalecimiento de la institucionalidad, lo que saludamos y exhortamos a dar continuidad en este ámbito y otras áreas del Ejecutivo. Al mismo tiempo llamamos la atención en el sentido de que la tarea de consolidar el mandato constitucional de algunos órganos de la Administración Pública, como es el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, permanece inconclusa. 

Destaca que el traspaso del Programa Nacional de Edificaciones Escolares debe ser el primer paso para emprender una reforma integral del Sistema de Obras Públicas, que implique la redefinición de las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a su vez disponer por parte del Poder Ejecutivo el cierre definitivo de la OISOE, pues su existencia contraviene disposiciones tanto constitucionales como legales.  

Sostiene que lo anterior no sólo supone la desnaturalización de la función primigenia para la cual fue concebida, esto es, la supervisión y fiscalización de obras, sino que además genera una duplicidad de funciones respecto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es la instancia llamada a ejercer la supervisión de obras públicas en el país.  

FINJUS dijo que todas las entidades que gestionan bienes, servicios y obras deben apegarse a los principios de la Administración Pública, ya que los mismos constituyen axiomas fundamentales que rigen la actuación de los agentes públicos y privados que intervienen en las contrataciones estatales. 

Explicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cuenta con la Dirección General de Edificaciones, creada por ley desde 1959, que debe ser la instancia más apropiada para la realización de obras de infraestructura, y que en ese sentido, sólo falta crear el marco legal para la Dirección General de Fiscalización y Supervisión de Obras, debidamente separada de la función de realización de obras, dejando al Ministro la función de rectoría del sistema.