Reforma a la Ley 225-20: ¿Un avance en la gestión de residuos o el inicio de un monopolio?

 

Santo Domingo.— La reciente Reforma a la Ley 225-20, aprobada con urgencia, promete mejorar la gestión de residuos en República Dominicana. Sin embargo, también ha causado controversia. Mientras algunos celebran el cambio, surgen dudas sobre los riesgos ocultos detrás de la reforma. ¿Es un avance o un monopolio?

Restricciones, exclusiones y la concentración del poder en pocas manos son algunos de los puntos que generan sospechas. ¿Qué hay realmente detrás de esta reforma?

El programa El Reporte Especial con Julissa Céspedes presentó un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, órgano encargado de velar por la libre competencia, que el 18 de marzo de 2025 expresó al presidente de la Cámara de Diputados su preocupación sobre la reforma a la ley 225-20.

Levanta dudas la Reforma a la Ley 225-20

La aprobación de la reforma en el Senado fue celebrada, pero fuera del Congreso, expertos comenzaron a advertir sobre los posibles efectos negativos del proyecto. Un informe de PROCOMPETENCIA advierte que la modificación podría crear un monopolio en la disposición de residuos, afectando la competencia y la sostenibilidad del sector.

Reforma Ley 225-20: ¿avance o inicio de monopolio?

Según el informe de PROCOMPETENCIA, uno de los puntos más críticos es la creación de un monopolio regional en el manejo de residuos. Esto eliminaría la competencia en cada zona del país.

El artículo 130 de la reforma establece que solo podrá haber un relleno sanitario autorizado por región. Esto limitaría la entrada de nuevos operadores, incluso si las condiciones técnicas y ambientales lo permiten. PROCOMPETENCIA señala que esta medida podría reducir la calidad del servicio, aumentar los costos para los usuarios y desincentivar a nuevas empresas a ingresar al mercado.

La discriminación en el acceso a los beneficios

Otro punto de controversia de la reforma a la ley 225-20 es la exclusión de las plantas de reciclaje de plásticos de los pagos del fideicomiso para la gestión de residuos. PROCOMPETENCIA considera que esta medida limita la competitividad y afecta a un sector clave para la sostenibilidad. Además, la entidad señala la falta de flexibilidad en el marco regulatorio y sugiere que permitir varios operadores con altos estándares ambientales sería más beneficioso para el sector.

Impacto económico y falta de estudios previos

El informe también destaca que, aunque la modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos busca crear un sistema más eficiente, la falta de estudios de impacto económico y la propuesta de contratos a largo plazo (diez años) podrían traer consecuencias imprevistas. PROCOMPETENCIA recomienda reducir la duración de estos contratos a tres o cinco años y realizar estudios previos para evaluar los efectos económicos de las nuevas contribuciones para las empresas del sector.

La reforma a la Ley 225-20 se presenta como una solución a los problemas de gestión de residuos, pero las advertencias de expertos apuntan a que la concentración del poder en pocas manos y la falta de competencia podrían frenar los avances en este ámbito.

La regulación de los residuos sólidos debe ir más allá de la eficiencia, buscando también equidad y transparencia. Si la reforma favorece a ciertos actores y excluye a otros, el sistema podría convertirse en un obstáculo para la innovación y el desarrollo del sector.

 

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