Fideicomiso servirá como un resguardo para Punta Catalina

 

Así lo plantean expertos en el tema y un funcionario del Gobierno; dejan claro que no se trata de una privatización

La figura del fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) es un paso de gran importancia para preservar una obra de esa envergadura, de acuerdo con opiniones de entendidos en el tema y el ministro de Energía y Minas, quienes aseguran que bajo ningún concepto se trata de un proceso de privatización.

Las explicaciones ofrecidas indican que el fideicomiso tampoco es nuevo en República Dominicana. Al mes de agosto de 2021, dos meses antes de la incorporación del fideicomiso de Punta Catalina, ya existían 17 fideicomisos públicos que en conjunto administraban más de 38 mil millones de pesos dominicanos, según explica Christian Molina, socio en Ecija DVMS y presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, en un artículo publicado en el periódico Listín Diario (21 de enero de 2022).

Eso representa un 24 % de la totalidad de activos administrados en fideicomisos a nivel nacional a dicha fecha, y es sin duda un número que va en ascenso, dice el autor del artículo. “Por tanto, el fideicomiso público no es de reciente creación. Es una herramienta que tiene casi una década de uso en nuestro país, con resultados palpables y efectivos, a través de la cual se administran miles de millones de pesos y que ha servido de vehículo para la realización exitosa de distintas iniciativas del Estado. Molina explica que el fideicomiso público tiene una base legal en República Dominicana.

Mientras, el economista Jaime Aristy Escuder, en un artículo colgado en su blog, plantea que el establecimiento del fideicomiso es el reconocimiento de que Punta Catalina, como principal generadora de electricidad de la República Dominicana con sus 674.78 megavatios de potencia neta confirmada por la empresa McHale, debe ser operada, mantenida y administrada adecuadamente.

“El aporte que realiza el Estado, como Fideicomitente Aportante propietario de ese patrimonio, se fundamenta en el Contrato de EPC aprobado por el Congreso Nacional, así como en los acuerdos firmados para solucionar la disputa existente entre la CDEEE y el Consorcio constructor enmarcados en el mismo Contrato de EPC y se incluye el contrato de compra del terreno donde está localizada esa poderosa central eléctrica. El monto del aporte del Estado quedará -tal como habíamos señalado en numerosas ocasiones- en el entorno de los 2,454 millones de dólares pagados al Consorcio constructor, más 7 millones de dólares pagados a los propietarios originales del terreno y otros montos más pequeños relacionados con diversos activos que son propiedad del proyecto Punta Catalina”, dice Escuder.

Agrega que, además de las responsabilidades y obligaciones administrativas que tendrá la Fiduciaria Reservas, para la gestión del principal activo eléctrico del país, se establece un Comité Técnico, encabezado por el empresario Celso Marranzini”.

Ese Comité Técnico que refiere el economista, tendrá la responsabilidad de aprobar, autorizar y controlar todas las actividades técnicas, administrativas, legales, operativas, incluyendo comercialización de energía, y los procesos de compras y contrataciones que se harán fuera del marco de la ley 340-06, pero con sus principios, entre otras tareas que no hayan sido asignadas a la Fiduciaria Reservas. Además, estará encargado de gestionar el endeudamiento y aprobar la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el Fideicomiso de CTPC.

El Comité Técnico –plantea Jaime Aristy Escuder- se apoyará en el trabajo operativo de la Unidad de Gerencia, encabezada por un director ejecutivo, a ser designado por el citado comité, que administrará la empresa y se encargará de su operación, hasta que sea contratado un operador de calidad mundial.

 

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