Lista de intercepciones telefónicas que solicitó la Procuraduría a nombre de imputados del caso Odebrecht, pero que en realidad pertenecían a otras personas sigue creciendo

La lista de intercepciones teléfonicas que solicitó la Procuraduría General de la República a nombre de imputados del caso Odebrecht, pero que en realidad pertenecían a otras personas sigue creciendo. A nombres como los de Susana Gautreau, viceministra de Energía Nuclear,  y Eduardo Sanz Lovaton, secretario nacional de Finanzas del principal partido de oposición: PRM, se suman otros correspondientes a oficiales y civiles.
Esto de acuerdo al Auto número 04-218, de fecha 23 de abril de 2018, en el que el juez Francisco Ortega Polanco responde una solicitud del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y da autorización judicial para la interceptación telefónica de los ciudadanos: Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Tommy Alberto Galán Grullón, Alfredo Pacheco Osoria, Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, César Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Porfirio Andrés Bautista García, Ruddy Gónzalez, Máximo Leonidas De Oleo Ramírez, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Bernardo Antonio Castellanos, quienes están siendo imputados por el Ministerio Público en el caso Odebrecht. 
Sin embargo, al analizar los números telefónicos que la Procuraduría le atribuye a los imputados, aparece un patrón de no correspondencia con la titularidad. Es el caso del general del Ejército Daniel Martínez Lorenzo, director general del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro (CESMET), cuyo número aparece como si le perteneciese a Juan Temístocles Montás, exministro de Economía y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Igual sucede con un coronel sólo identificado como Nin, y cuyo teléfono aparece como si le perteneciese a Castellanos. Al comunicarnos con él, nos explicó que la línea es propiedad de  la Suprema Corte de Justicia  y en un segundo momento  de este levantamiento, el  teléfono lo contestó un teniente coronel, cuyo nombre omitimos, quien explicó que tanto él como Nin laboran en el área de servicios judiciales de la Suprema, pero que justamente ese era él último día de Nin.
Otro caso es el de una empresa de auditorías, cuyo número aparece bajo la titularidad de Bernardo Castellanos. Pero al hablar con la persona que tiene el teléfono dijo no conocer a ese imputado.
Muy sorprendidos. Al comunicarnos con estas personas, todas se mostraron sorprendidas de que sus números telefónicos apareciesen vinculados al expediente Odebrecht, el mayor caso de sobornos, lavados de activo y corrupción en el país.
También señalaron que nunca recibieron notificación de que eran sujetos de interés en este caso.
Reacción de la Procuraduría. La Procuraduría General de la República (PGR) dijo este martes que todas las interceptaciones telefónicas que realiza son bajo estricto apego a la ley, autorizadas por los jueces competentes y recordó que representan un valioso medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito.
La PGR manifestó que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación  a número telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados, y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas.
Agregó que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado, ni que las personas propietarias de dichos números estén involucrados penalmente en el caso.