Caram critica comisión creada PE para Punta Catalina

El economista Guillermo Caram consideró ayer que la Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo para investigar las operaciones de Odebrecht, colide, invade, desplaza y subroga atribuciones y competencias de organismos del Estado, golpeando la institucionalidad de la nación.
Entiende que antes de proceder a su funcionamiento debería dictaminarse legal y constitucionalmente dicha comisión a fin de proporcionar credibilidad y validez a sus consideraciones y recomendaciones.
“El respeto de las respetables personalidades designadas en dicha Comisión, así lo exige”, expresó en declaraciones escritas.
Lo que viola. Caram explicó que el sistema de contrataciones públicas, establecidos en la Ley 340-06, está regido por un órgano rector que incluye una Comisión Consultiva presidida por el Director de Contrataciones designado por el Presidente de la República. Señala que la comisión, en la que participa el presidente del Codia y de Fedocámara, ha sido virtualmente desplazada por la designada en el decreto del Ejecutivo.
Aclara que desconoce si a la comisión que forma parte del sistema de contrataciones públicas le fue requerida previamente alguna investigación. “En resumen, el gobierno, en lugar de hacer que la Comisión Consultiva instituida por ley 340-06, presidida por un funcionario designado por el Presidente, cumpla con las investigaciones que esta ley establece; ha creado otra comisión por el decreto 6-17 para investigar lo que la establecida en la ley debió investigar y no investigó. Esto constituye un golpe a la institucionalidad de la nación”, indicó.
En segundo lugar, Caram observó que el capitulo III del Titulo X de la Constitución establece los mecanismos de control de los fondos públicos que son la Cámara de Cuentas a nivel externo y la Contraloría General de la República, en lo interno.
Caram dijo que conforme a la Constitución, la Contraloría debe autorizar las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos. Expresó que parte de esos trámites consisten en cumplir lo dispuesto en la Ley en materia de licitación por lo que, a su juicio, al crear la comisión el Gobierno admite implícitamente que no se cumplieron, por lo que sostiene que el Gobierno lo que debió fue exigir a la Contraloría cumplir sus atribuciones.