El Congreso pasa por alto fallos del Tribunal Constitucional

Al menos tres importantes leyes que el Tribunal Constitucional exhortó aprobar están pendientes de ser conocidas por el Congreso Nacional, pese a que en algunos casos transcurrió el plazo dado para legislar.

La ley de indultos, la ley que crea el Colegio de Abogados y la ley sobre el uso de la fuerza pública fueron sugeridas al Congreso por el Tribunal Constitucional, pero los proyectos no han sido discutidos en el hemiciclo.

El Tribunal Constitucional exhortó al Congreso Nacional a que sancione una ley que regule el uso de la fuerza pública, mediante la sentencia TC0110/13, publicada el 4 de julio de 2013.

En ese fallo, el TC dispuso que esa legislación sea aprobada en un plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la notificación de la decisión, que venció en agosto del 2015.

El fallo manda a legislar sobre el modo en que el Poder Judicial ejercerá la facultad ejecutiva jurisdiccional que dimana del párrafo I, del artículo 149 de la Constitución, referente a la administracion de justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, “juzgando y haciendo cumplir lo juzgado. Estableció que para ello se deberá votar una ley orgánica, dado que la ejecución de las sentencias participa del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.

En la sentencia TC/0189/15, del 15 de julio del 2015, el TC exhortó al Congreso Nacional que subsane el vacío normativo regulatorio del indulto con la aprobación de una ley, como lo prevé el artículo 128.

Dispuso que esa ley establezca claramente las condiciones sobre la selección de los candidatos a indultos, modalidades, procedimientos y las excepciones, dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales. La facultad para indultar a los presos corresponde al Presidente de la República, que lo hace mediante decreto.

A través de la sentencia TC/0274/13, del 26 de diciembre de 2013, el TC anuló la ley 91-83, que instituyó el Colegio de Abogados el 12 de enero de 1983, por incurrirse en un vicio en el procedimiento legislativo cuando fue creada la norma legal. Al mismo tiempo, el TC difirió los efectos de la inconstitucionalidad y dispuso que el Congreso Nacional, dentro de la función legislativa que le es propia, emita una nueva ley que enmiende la situación de inconstitucionalidad formal que afecta a esa legislación.

Al diferir los efectos de la nulidad que declaró, el TC consideró que de expulsarse inmediatamente la norma impugnada quedaría desprovista de garantía la función social y moral del ejercicio de la profesión jurídica, así como las normas, procedimientos e instituciones de asistencia, socorro y atención a las necesidades de los abogados y sus familiares, tanto en el orden material como en el orden social y espiritual.

“En igual sentido, al ponderar la probable falta de legislación, el Tribunal entiende que la gravedad del vicio no tiene incidencia directa en los efectos de la ley y resulta menos gravoso para la protección de los derechos y deberes de la clase jurídica nacional postergar los efectos de la decisión sobre la inconstitucionalidad de la norma, y exhortar al Congreso Nacional para que dicte una ley acorde con el procedimiento contenido en la Constitución”, subrayó. El TC mandó al Congreso a votar esa ley en un plazo razonable, que no ha sido observado luego de dos años de emitida la sentencia.