El gusto de la izquierda radical latinoamericana por el poder, un riesgo para instituciones

Criticados a veces por su ejercicio personal del poder y su desprecio de los políticos “tradicionales”, los principales líderes de la izquierda radical latinoamericana modificaron o interpretaron sus respectivas constituciones para permitir su reelección, lo que, a juicio de analistas, debilitó las instituciones democráticas. El último capítulo de este fenómeno ha sido la promulgación por el exguerrillero y presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de una ley aprobada por el Parlamento que le permite hacerse reelegir indefinidamente. “La tendencia a favor de relajar las restricciones a la reelección presidencial se asocia hoy a la izquierda pero no es patrimonio de ninguna ideología”, matiza durante una entrevista con la AFP Gabriel L. Negretto, profesor de ciencia política en el Centro de Investigaciones y Enseñanza Económica (CIDE) de México.

“El fenómeno comenzó con presidentes de derecha o centro-derecha” que promovieron “reformas neoliberales”, recuerda, aunque admite que en los últimos años esa práctica ha sido habitual entre los “presidentes ‘boliviarianos’”, es decir Hugo Chávez (fallecido en 2013), Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia (ambos elegidos por primera vez en 2006), además de Ortega. Su mantenimiento en el poder tiene lugar en algunos casos a partir de interpretaciones muy cuestionadas de sus respectivos textos constitucionales en vigor, sobre todo en Bolivia y Nicaragua.

Morales, el presidente en ejercicio que lleva más tiempo en el poder en toda América Latina, tiene el propósito de postularse a una nueva reelección a fines de 2014. En Honduras el expresidente Manuel Zelaya, cercano a Caracas, fue derrocado en 2009 por un golpe de Estado acusado de querer modificar la Constitución con el objetivo de competir por un segundo mandato. En Argentina también se planteó la posibilidad de reformar la carta magna para que la actual presidenta, Cristina Kirchner, se presentara a un tercer mandato consecutivo, pero la idea fue abandonada. En los años 90 varios presidentes liberales o conservadores, como Alberto Fujimori (Perú), Carlos Menem (Argentina), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Álvaro Uribe (Colombia) y otros se propusieron, con mayor o menor éxito, flexibilizar las limitaciones al número de mandatos presidenciales consecutivos.

Cuando en la primera década del siglo XXI la mayoría de Sudamérica giró a la izquierda, los presidentes “bolivarianos” volvieron a introducir el tema tras la elección y el éxito político del primero en llegar al poder, Hugo Chávez (1999-2013), del que siempre fueron aliados, explica a la AFP Mariana Rodríguez, especialista en asuntos latinoamericanos en la Universidad Vanderbilt de Nashville (Estados Unidos). “El mantenimiento de la reelección no consecutiva o la adopción de reglas más restrictivas aun, como la no reelección”, durante la última ola democratizadora tras las caídas de las dictaduras de los años 70 y 80 y el fin de las guerras civiles en América Central, “fue una reacción a los males asociados al continuismo presidencial tanto en dictaduras como en regímenes competitivos”, recuerda Negretto.

“Antidemocrática”

Entre los presidentes latinoamericanos elegidos democráticamente, lo que excluye a Cuba por tanto, los únicos que reformaron la constitución para permitir la reelección indefinida de sus presidentes fueron Hugo Chávez (a través de un referendo en 2009) y Daniel Ortega este año. Chávez, sin embargo, también introdujo la posibilidad de revocar el mandato del presidente a través de un referendo una vez transcurrida la mitad del período. Según Gabriel Negretto, “la reelección presidencial indefinida es claramente regresiva y antidemocrática” y es facilitada por “la debilidad de las instituciones y de los partidos políticos”, así como por “la fragmentación de la oposición”. Mariana Rodríguez destaca “la ironía” de que se usen “métodos autoritarios para intentar crear un sistema más democrático”. La especialista argumenta que ese problema es inherente a la idea populista de “democracia directa, la cual sostiene que el pueblo desempeña el papel protagónico en contra de la élite política y económica”.

Defensores de ese tipo de democracias “directas”, por oposición a las democracias representativas, esos líderes populares justifican sus prácticas con el argumento de que “su poder se deriva principalmente de la voluntad popular y no de las representaciones institucionales”, declara a la AFP Federico Barriga del centro de análisis londinense Economist Inteligence Unit. Patricio Navia, docente de la Universidad de Nueva York y en Chile, también destaca los riesgos que esas prácticas suponen para las instituciones y la “contradicción” que existe entre los objetivos alegados –representar y defender al pueblo– y los medios empleados –la concentración del poder–. “Hablan de democracia, pero es una democracia personalista, no institucional”, opina.

Ya sean de izquierda o de derecha esos dirigentes “comparten su desdén por las instituciones democráticas y su preferencia por la personalización y la concentración del poder en manos del presidente, lo que evidentemente debilita las instituciones democráticas”, argumenta Navia. Otros, como Barriga, se interrogan sobre la posibilidad de que esos gobiernos se derrumben si “se deterioran las condiciones económicas” y dejan de disponer de “los recursos para poder mantener sus políticas sociales o clientelistas”.