Representantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana
(CARD), acudieron este jueves al Congreso Nacional para manifestar su
rechazó a la baja asignación al poder judicial en el proyecto de
presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2022, que
asciende a un billón 46 mil millones de pesos.
Miguel
Surun Hernández, presidente del gremio, reclamó del Poder Ejecutivo y
el Congreso Nacional que se otorgue a ese sector el 4.10 por ciento que
establece la ley.
Surun Hernández condenó que el Proyecto de Ley de Ingresos y Gastos
Públicos no contemple ni respete las partidas presupuestarias del sector
Justicia, equivalente al 4.10 por ciento del Presupuesto de la Nación y
advirtió que eso traerá graves consecuencias para la salud
institucional y la seguridad jurídica de Republica Dominicana.
El jurista manifestó que la Ley 194-04, que establece la
Independencia y Autonomía Presupuestaria de la justicia, es clara y que
no aceptarán que se vulnere, porque significaría mantener al Poder
Judicial y al Ministerio Público en virtual esclavitud financiera,
operando en condiciones precarias y en perjuicio de la ciudadanía.
El representante de los togados manifestó que con los bajos recursos
asignados en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, el sector
judicial no podrá salir de la difícil situación que atraviesa ni podrá
cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones en
ese poder del Estado.
“Con el porcentaje que se asigna en
la pieza legislativa al sistema judicial no podrán ser mejorados los
salarios de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados, no
se podrán instalar los 94 tribunales aprobados por ley, que no han
podido ser puesto en funcionamiento por falta de recursos y continuarán
los problemas por falta de incentivos, insumos, equipos, personal y de
infraestructura física adecuada”, dijo el presidente del gremio que
agrupa a los abogados.
Agregó que con esos fondos tampoco podrán ser mejoradas las
condiciones laborales de los profesionales del derecho; asimismo
limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en
este momento.
Miguel Surun Hernández advirtió que para mantener una justicia
independiente, lograr una lucha eficiente contra la corrupción y manejar
temas delicados se necesita un personal de investigación y judicial
especializado, bien pagado e incentivado, lo que no se ha podido lograr
por falta de recursos económicos.
El presidente del CARD consideró que las buenas intenciones de
independencia de la justicia deben comenzar con el cumplimiento de la
ley que garantiza la independencia financiera del Poder Judicial y del
Ministerio Público, por lo que advirtió que si en un plazo de 15 días no
se obtempera a asignar esas partidas en el presupuesto del venidero
año, procederá al sometimiento del Director de Presupuesto.
A su juicio, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se debe
tener una visión clara del rumbo que lleva la justicia dominicana si
continúa operando con tan bajos recursos.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece
que el Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del
Ministerio Publico (Procuraduría General de la República), será por lo
menos unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%).
Esto de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los
recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos
Públicos y se distribuyen de la manera siguiente:
•Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia.
•Un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%), a la Procuraduría General de la República.
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