La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de combinar la
automatización de la votación municipal de febrero con el conteo manual
de los votos y un nuevo intento de auditar los equipos y programas
informáticos debería ser respaldada por todos los partidos para comenzar
a disipar las incertidumbres predominantes sobre las elecciones de
2020.
Pero al mismo tiempo luce imperativo que el organismo rector de las
elecciones asuma un liderazgo conciliatorio que conllevaría la firma de
un nuevo “Pacto por la Democracia”, donde se ratifiquen normativas que
garanticen un proceso electoral limpio y equitativo para que el próximo
año predomine la voluntad popular.
Otra salida salomónica
La resolución anunciada el jueves por la JCE de implementar el voto
electrónico en el 60 por ciento de las mesas de votación y conteo manual
en la totalidad, con un nuevo intento para la previa auditoría de los
equipos y programas, debería ser aceptada por todos los partidos, con
otras garantías para superar la desconfianza predominante.
Hay que esperar que esta propuesta salomónica tenga mejor suerte que la
de mayo pasado cuando la JCE dictaminó que se mantendría el arrastre de
los senadores en el voto congresual en el Distrito Nacional y las seis
mayores provincias y se eliminaría en las restantes, lo que anuló el
Tribunal Constitucional al hacer prevalecer el voto senatorial separado
en todas las jurisdicciones.
La nueva resolución no parece chocar con ningún precepto constitucional o
legal y recoge los reclamos de los más renuentes y desconfiados. El
voto automatizado sería en los 17 municipios más grandes, que concentran
el 60 % de los colegios de votación, con 61 % de los electores. Son los
que tienen más de 13 regidores y suplentes, y donde sería muy complejo
computar el voto preferencial por miles de candidatos a regidores y
vocales.
Como la JCE convocó a los partidos para una reunión hoy sábado para
“crear un equipo técnico especializado que permita examinar y hacer
recomendaciones” para el uso del voto automatizado y conteo manual”,
todavía hay posibilidad de garantías adicionales, en especial para la
demandada auditoría de los equipos y programas informáticos. Ha
propuesto la firma de auditores PKF Guzmán Tapia, y deberá precisar esta
oferta y si queda alguna alternativa. Esa auditoría no es un capricho,
sino una recomendación fundamentada a nivel internacional, donde la
automatización de las elecciones ha sido limitada a unos pocos países.
El conteo de los alcaldes
De la resolución de la JCE debe asumirse y precisarse que el conteo de
los votos para los alcaldes y directores de los distritos municipales se
haría manualmente, determinando el partido ganador en cada jurisdicción
y la proporción de los regidores y vocales, con sus respectivos
suplentes. Eso sería transmitido y publicado de inmediato, si no hay
diferencias con lo arrojado por la computadora en los municipios donde
se utilice la automatización.
Para un segundo momento quedaría la verificación de los votos
preferenciales por los regidores y vocales, para lo cual se aceptaría el
resultado de la automatización, asumiendo que no habría interés de
hacer fraude entre los competidores de un mismo partido, ni posibilidad
de un programa que altere en ese nivel la voluntad de los electores, por
la misma razón que hace difícil el cómputo manual, es decir, por la
multiplicidad de candidaturas.
En el 40 % de las mesas, donde no habrá automatización del voto, todo el
proceso será manual, y por igual se computaría y transmitiría primero
el resultado en las candidaturas a alcalde y director municipal, y luego
se determinaría cuáles fueron los electos de cada partido para
regidores y vocales.
Razones para desconfiar
La JCE tiene que sobreponerse a toda sospecha y hasta a los excesos en
que incurren dirigentes políticos, y reconocer que hay razones
tradicionales y coyunturales para que predomine la desconfianza y la
incertidumbre, incluyendo las malas prácticas registradas durante el
proceso de las recientes elecciones primarias.
El signo más ominoso que amenaza el proceso electoral fue la enfática
afirmación en el discurso público del presidente Danilo Medina el 21 de
octubre, tras la renuncia de Leonel Fernández al PLD, donde le ofreció
“una pela en mayo” y añadió que “con estos hombres y mujeres que están
aquí, yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones”.
Algo probablemente inédito en un jefe de Estado sin ser candidato.
Con ese discurso Medina se comprometió a repetir la irrupción del
gobierno en la campaña electoral como ocurrió en las elecciones del 2012
y 2016, en esta última con 33 mil activistas pagados como empleados
temporeros, enormes déficits fiscales, multiplicación de la publicidad
pagada por el Estado y designación de 39 ministros y altos funcionarios
como jefes locales de campaña, con alto incremento del gasto en
vehículos, combustible, dietas, empleados públicos y otros medios.
Grave denuncia pendiente
Muchos de esos abusos del Estado ya se vieron en la campaña de las
recientes primarias y son de los factores que contribuyeron a la
división del partido gobernante. Para más desconfianza ahí está la
documentada denuncia de 39 contratos por 11 mil 500 millones de pesos
para comprar asfalto caliente, otorgados por Gonzalo Castillo como
ministro de Obras Públicas en los meses antes de lanzarse tras la
candidatura presidencial del PLD, incluyendo a nueve empresas que habían
importado ese material.
Como no podía ser de repente que se advirtiera la necesidad de asfaltar 2
mil 730 kilómetros de carreteras y calles, y sin previa apropiación
presupuestal por tan alta suma, tienen bases las afirmaciones de que
violó la Ley de Compras y Contrataciones y la de Presupuesto, por obvio
interés de promoción política o de obtener comisiones o contribuciones
para la campaña electoral.
Aunque todo eso lo expuso por televisión, con enorme audiencia nacional,
la periodista Alicia Ortega, y partidos opositores e instituciones
sociales han demandado una investigación y las sanciones
correspondientes, el silencio de las autoridades y del candidato del
PLD, aparece también como ominoso. A pesar de que la denuncia se
convirtió en escándalo, ni siquiera se han molestado en poner en duda
los datos concretos imputados.
Un pacto por la democracia
Más allá del acuerdo sobre automatización parcial del voto, las
autoridades electorales tienen que reconocer que hay razones suficientes
para la desconfianza en el sistema electoral y en la prevalencia de las
normas constitucionales, legales y hasta de la mínima decencia
política. En toda la oposición política existe la resolución de resistir
los abusos del Estado que se adelantaron en las primarias. Eso lo
repiten los líderes del bloque de partidos que postula a Leonel
Fernández y los que conforman la Coalición Democrática que encabeza el
PRM, que postula a Luis Abinader. Por igual el candidato de Alianza
País, Guillermo Moreno, quien ha repetido que no aceptará un “matadero
electoral”. Eso se dimensiona por la fatiga que registran las encuestas y
se advierte sobre la prolongada gestión peledeísta.
La JCE ha prometido una resolución sobre los límites gubernamentales en
la campaña electoral, pero hay quienes temen que no tenga suficiente
fuerza para garantizar la equidad, para lo cual debería recibir un claro
apoyo de la sociedad civil organizada, sobre todo del empresariado, las
iglesias y las academias. Y de todos los interesados en la preservación
de la estabilidad política,económica y social, para evitar estallidos
político-sociales como los que sacuden la región.
El presidente Danilo Medina debería ser el primero y más interesado en
dejar un legado de armonía y prevalencia democrática e institucional.
Pero, al estar muy involucrado, habrá que ayudarlo con una salida suave,
como sería un nuevo pacto por la democracia, como el del 1994 que, por
cierto, permitió el ascenso de su partido al poder por primera vez.
Ojalá lo entienda la JCE y tome la iniciativa para disipar
incertidumbres y ganar confiabilidad.-
